Concretamente, el artículo 456.1 del Código Penal, es el que regula estas situaciones a través del Capítulo V del Título XX, correspondiente a Delitos contra la Administración de Justicia.
¿Alguna vez se ha sentido tentado a denunciar un robo falso para obtener un beneficio económico? La idea puede parecer atractiva en un momento de apuro financiero, pero deténgase y considere las implicaciones de sus acciones. Las denuncias falsas son consideradas delitos y, como tales, tienen sus consecuencias recogidas en el Código Penal para quienes se aventuren a intentarlo.
En muchas ocasiones se ven envueltos en estas prácticas objetos como teléfonos móviles, bolsos, gafas, carteras, aprovechando que se han roto o perdido. Pero, otras veces, se trata de cosas más graves.
La simulación de delitos puede suponer un gran problema. La mayoría de las aseguradoras solo cubren la pérdida si ha sido un robo con uso de la fuerza por parte del ladrón. Por ello, muchas personas acuden a denunciar que han sido asaltadas con intimidación o violencia, describiendo sin escrúpulos al autor de los hechos, una persona totalmente inventada. Obviamente, la Policía comenzará a realizar las investigaciones oportunas, revisando fichas policiales y recabando datos como los recogidos por las cámaras de seguridad del lugar de los hechos.
¿Qué es una denuncia falsa?
Se considera denuncia falsa, o falsa acusación, a aquellas actuaciones de denuncia emprendidas ante autoridades policiales o judiciales, por las cuales queda imputado un delito a una persona, aun sabiendo que el hecho es falso.
Concretamente, el artículo 456.1 del Código Penal, es el que regula estas situaciones a través del Capítulo V del Título XX, correspondiente a Delitos contra la Administración de Justicia.
Consecuencias legales y penales
Esta regulación expone que quienes imputen a algún individuo hechos que constituyan infracción penal, sin ser ciertos, ante cualquier sujeto perteneciente al funcionariado judicial o administrativo, conociendo su falsedad, se sancionarán con alguna de las siguientes penas:
- Con pena de hasta dos años de prisión y un mínimo de seis meses, así como una multa de doce a veinticuatro meses si el delito imputado es grave.
- Con pena de multa de doce a veinticuatro meses, si el delito imputado es de menor gravedad.
- Con pena de multa de tres a seis meses, si se trata de un delito leve.
Si a esto se añaden factores más delicados, como un posible trato de violencia, intrusión en el hogar, robo de datos, etc., las penas podrían ir variando, puesto que entrarían en escena factores añadidos en una investigación.
Con dichas medidas se protegen dos bienes jurídicos: el honor a la persona y a la Administración de Justicia, la cual además queda afectada tanto por el tiempo como por el gasto dedicado al proceso judicial.
Impacto individual
Además de las consecuencias legales, la simulación de un delito puede tener graves repercusiones sociales y personales. La pérdida de la confianza de amigos, familiares y empleadores puede ser devastadora. Además, el estigma asociado con haber cometido un delito puede afectar negativamente a la reputación y las oportunidades futuras del involucrado.